Instructores de los Centros de Formación Profesional se encuentran en plena lucha para evitar que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, traspase los CFP al régimen privado de Centro de Formación Laboral y al Ministerio de Trabajo y se exige que se tenga en cuenta que los centros evalúan las demandas de la comunidad educativa.
Muchos instructores en la provincia de Buenos Aires, y pertenecientes a los CFP, mantienen reuniones, asambleas, marchas y reclamos en diferentes ciudades, para oponerse al traspaso que decidió la gobernadora Vidal, y que consideran parte del “ajuste y recorte” que se realiza en el área de educación provincial.
Recordemos que en Bragado, hace unos días, fueron recibidos por el intendente Gatica, quien se habría comprometido a elevar datos sobre el CFP local, a fin de evitar su traspaso por ser considerado un caso excepcional. Si bien existe un convenio con la mutual AMON realizado en los años de su nacimiento, ese convenio nunca se habría formalizado. Hasta el momento no hay información acerca de las gestiones realizadas por el ejecutivo local.
Ayer, los instructores y personal, acompañados por reconocidos referentes de la modalidad, estuvieron en una reunión en el CUCI con miembros de la Mesa provincial de SUTEBA y representantes de los gremios locales de educación.
Los objetivos de los CFP, son reconocer las realidades locales, regionales y los derechos de los jóvenes y adultos para la reinserción en el mundo del trabajo, teniendo en cuenta que los títulos habilitantes son expedidos por la DGCyE tanto para los profesionales como para los alumnos con validez Nacional y Provincial. Además los cursos son gratuitos con el equipamiento necesario para el dictado de los mismos.
La propuesta desde la provincia de Buenos Aires es traspasar los Centros al Ministerio del Trabajo, lo que perjudica a los Instructores ya que con el régimen actual, son reconocidos como Docentes Frente a alumnos según el acuerdo paritario del año 2008 Ley 10579 ( Estatuto Docente ), con este nuevo sistema “los instructores pasarían a ser monotributistas”, perdiendo todos los derechos laborales que se lograron hasta el momento. Mientras que “lo más grave para el alumno es que algunos cursos se van a cerrar y otros se van a tener que reconvertir con muchas menos horas, quitando posibilidades para la inserción laboral”, detalló.
E inmediatamente opinó que esta situación va “en contra del estudiante porque los planes son más débiles y de menos contenido, la preparación en menor, no es lo mismo preparar un curso como lo dictamos ahora, a dictarlo como esperan con la nueva medida” y se “dificulta cumplir con para la inclusión de los alumnos tanto jóvenes como adultos al mundo del trabajo” y en el sector docente se perderá el marco de “contrataciones bajo el marco normativo del estatuto Docente y se pasaría a lo autónomo”.
Desde los CFP, llevan adelante movilizaciones con el fin de visibilizar el rechazo al traspaso de los Centros Formación Profesional al Ministerio de Trabajo y a su respectivo pasaje a gestión privada como Centro de Formación Laboral porque consideran que “vulnera los derechos que corresponden a cada uno de los trabajadores de la educación y a los estudiantes”.
